- Asociación saltando charcos. Burgos
- La Dinamo. Acción social la Coma. Valencia
- Con los niñ@s no se juega. Murcia
- Asociación El Carro. Cáceres.
- Escuela Sobre Marginación. Entrevías, Madrid.
Madrid, 2 dic (EFE).- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar 51 millones de euros para el mantenimiento de plazas de atención a menores infractores en centros de internamiento, según ha anunciado el vicepresidente Ignacio González.
Se trata de la financiación de cinco centros de gestión concertada que tiene la Comunidad -El Lavadero, El Laurel, El Pinar, Las Palmeras y José de las Heras- a los que hay sumar otros cinco centros de gestión pública directa como el Teresa de Calcuta, El Madroño, entre otros.
En estos centros se ejecutan medidas de internamiento de distinto alcance, según las decisiones judiciales, y la atención se presta en régimen cerrado, semi-abierto, abierto, terapéutico o de fin de semana.
Se estima que este año se van a ejecutar en ellos 429 medidas judiciales para estos jóvenes, ha señalado el vicepresidente regional en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. EFE
TRAS EL CASO SESEÑA
MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que la Ley del Menor "fracasa estrepitosamente en los delitos más graves", como el del caso del crimen de Seseña (Toledo), en el que la principal acusada, de 14 años, ha aceptado cinco años de internamiento y tres más de libertad vigilada por un delito de asesinato con alevosía.
Así, Canalda ha señalado que, "aunque es buena en la mayoría de los casos, fracasa en los más duros y falla a la hora de dar respuesta a los menores que empiezan a delinquir en edades tempranas". Por ello, ha insistido en la "necesidad" de reflexionar sobre la Ley del Menor.
Concretamente, ha explicado que en delitos "tan graves" como el de Seseña o el de Sandra Palo, "habría que repensar un poco las condenas". En ese sentido, se ha referido "no tanto a que puedan salir en libertad vigilada sino a que se considere un internamiento para garantizar que están mas tiempo en un centro de medidas judiciales y, sobretodo, que están durante más tiempo tratándose e intentando que se reinserten y resocialicen".
Igualmente, ha subrayado "la posibilidad de establecer medidas educativas de carácter obligatorio para los menores que comienzan a delinquir". En esta línea, ha resaltado la posibilidad de modificar la Ley orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "para establecer que el menor que cometa delitos por debajo de los 14 años pueda ser objeto de medidas de carácter educativo obligatorias".
DEFIENDEN LA ACTUAL LEY DEL MENOR.
MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Representantes de asociaciones de jueces han pedido más medidas para garantizar el seguimiento y la reinserción de menores que cometen delitos, como los del caso del crimen de Seseña (Toledo), en el que la principal acusada, de 14 años, ha aceptado cinco años de internamiento y tres más de libertad vigilada por un delito de asesinato con alevosía.
Concretamente, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco Victoria, Marcelino Sexmero, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que en estos casos se puede arbitrar una elevación de las medidas de internamiento en el caso de los mayores de 14 años, se puede elevar a siete u ocho años, y mayores de 16 de los 10 a los 15 años. Sin embargo, ha asegurado que "cualquier elevación de dichas medidas ha de estar siempre orientado a la educación y reinserción del menor".
En esa línea, ha recordado que al hablar de delitos cometidos por menores y en virtud de la especial protección que han de tener, "no se puede inocuizar con penas muy altas". Por tanto, según Sexmero, se ha de tener cuidado a la hora de arbitrar cualquiera de estas medidas. A pesar de ello, considera que "lo que debe haber es un mayor seguimiento posterior de la reinserción y la educación de ese menor y arbitrar mayores medidas que lo garanticen".
Igualmente, ha subrayado que "si no existieran visos de que esa reinserción se produce, se deberían aplicar con mas severidad el internamiento en caso de delitos graves". Con todo, ha explicado que "un incremento de medidas concretas para delitos graves no satisfaría a las familias, ya que siempre les parecerán pocos años".
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Ramírez, ha destacado que "nunca se debe legislar en caliente a raíz de acontecimientos puntuales". Asimismo, ha afirmado que "en el tema que afecta a los menores de edad la legislación tiene que combinar aspectos de carácter represivo que permitan establecer una pena adecuada con la función educativa".
A su juicio, "no se puede equiparar la comisión de un hecho delictivo de un adulto con la que realiza un menor de edad". En ese sentido, ha insistido en que "partiendo de la función educativa que tienen las medidas que se imponen a los menores, la legislación actual les parece correcta". Además, ha resaltado que "lo que sería ilógico es equiparar las conductas de uno y otro e incrementar las penas".
Finalmente, Ramírez ha explicado que "no se trata de un problema de legislación sino de medios". Así, ha asegurado que "si se dotara a los centros de menores de recursos para resocializar no harían falta tantas reformas como se pretenden". Por último, considera que "ahora mismo la legislación es suficientemente dura ya que prevee unas medidas de larga duración". "Cinco años en la vida de un menor son muchos porque está en fase de desarrollo de personalidad", ha añadido.
Dos compañeras de instituto de la niña de 13 años
están acusadas por el crimen, ocurrido el pasado
abril.
El juzgado de menores de Toledo acoge desde hoy
a puerta cerrada el juicio contra las dos jóvenes
acusadas de la muerte de Cristina Martín de la Sierra,
de trece años, a manos de una compañera de instituto,
y que fue encontrada en una antigua cantera de yeso
de Seseña (Toledo) el pasado mes de abril.
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